No al cambio injustificado de los libros de texto. No a un nuevo currículo orientado ideológicamente

La Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4 establece, literalmente, que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 3.3, dispone que la educación primaria y la secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica, y en su artículo 4.1 que ésta será obligatoria y gratuita para todas las personas. En igual forma, lo dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Es evidente que de estos textos legales se desprende que las enseñanzas obligatorias no deben representar coste económico alguno para el alumnado y, por ende, para sus padres y madres o tutores legales. Sin embargo, en los últimos años las diversas

Administraciones Públicas han reducido, e incluso eliminado, las partidas económicas que estaban orientadas a intentar garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Así, las becas y ayudas de todo tipo han sufrido recortes continuados, llegando a desaparecer en muchos casos. Becas y ayudas que deben ser recuperadas e incrementadas de forma urgente. En lo que respecta a los libros de texto y los materiales curriculares, la situación actual provoca que una parte muy considerable del alumnado no pueda acceder a los mismos. Con el pretexto de la crisis económica, se está atacando la igualdad de oportunidades y la equidad de nuestro sistema educativo y, con ello, se está vulnerando el derecho a la educación de una gran parte de la ciudadanía. 

Es cierto que la utilización de los libros de texto no es obligada desde un punto de vista pedagógico, es más, cada vez existen más docentes y centros educativos que no los usan habitualmente, salvo como materiales existentes en las bibliotecas de aula, y que se debe caminar en ese sentido para que sean los docentes los que desarrollen su labor con sus propias unidades didácticas, elaboradas en función del alumnado que tienen en sus aulas, pero es evidente que los libros de texto son considerados aún por muchos docentes como materiales imprescindibles para poder impartir las enseñanzas y así los solicitan a las familias, que deben afrontar los costes de su adquisición, puesto que ello no es asumido en su totalidad por las Administraciones.
Por otra parte, el próximo curso 2014/2015, se pretende poner en marcha la LOMCE en 1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica, lo que afectará a más de millón y medio de estudiantes. El Ministerio tramita, de forma irresponsablemente acelerada además, los nuevos Reales Decreto de currículo, para adaptarlos a su visión ideológica y orientarlos a la superación de reválidas y otras pruebas estandarizadas, elementos fundamentales de su ley educativa. Las editoriales, por su parte, se disponen a modificar sus libros de texto para adaptarlos a los nuevos decretos. Ello les generará nuevos beneficios a costa de las familias y causará que se puedan perder los materiales acumulados en los bancos de libros, algo que ven con buenos ojos.

Pero debe tenerse en cuenta que estos cambios, tanto los realizados en la LOE, a través de la denominada LOMCE, como los que se realizarán como desarrollo de los anteriores, parten de una imposición unilateral del Gobierno central y el partido político que lo sustenta, habiendo cosechado ya el rechazo del resto del arco parlamentario y de la inmensa mayoría de la sociedad, que exige su retirada inmediata. De este rechazo, ha surgido el compromiso de las fuerzas políticas de la oposición de proceder a la derogación de la LOMCE.

Por todo lo anterior, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, exigiendo la completa financiación de la enseñanza pública con los fondos públicos, anuncia que inicia una campaña, de forma conjunta con todas las plataformas existentes, en la que llama a las Comunidades Educativas de todos los centros educativos a la toma de acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros de texto que se estén utilizando en la actualidad, dado que:

• Son perfectamente válidos y deben seguir siéndolo durante un mínimo de cuatro años desde el curso para el que fueron adquiridos.
• Los cambios curriculares que se proponen ahora no tendrán una gran vigencia y, además, no son cambios esencialmente de los contenidos, sino del enfoque de los mismos por motivos ideológicos.
• Existen grandes dificultades de las familias para asumir costes por la adquisición de libros de texto y materiales curriculares.
• Los bancos de libros que se han creado deben seguir siendo usados porque suponen un capital social que debe ser respetado y defendido.

Para ello, se difundirá un modelo a utilizar en todos los Consejos Escolares, especialmente en los de los centros educativos, para que se convoquen reuniones extraordinarias de los mismos por este motivo, así como otro de posible resolución, y se hace un llamamiento expreso a que sean utilizados de forma urgente y masiva.

Plataforma Estatal por la Escuela Pública. 

La Asamblea de Estudiantes llama a la insumisión frente la LOMCE


La Asamblea de Estudiantes llama a la insumisión frente la LOMCE Ante una ley injusta, no hay otra salida que la desobediencia civil, buscando la justicia, la equidad. Con esta ley no nos sentimos representados porque no han contando con la comunidad educativa, no se ha escuchado nuestra voz y no hay más salida que mantener la lucha. Nos sentimos completamente legitimados a llamar a la ciudadanía a la insumisión. 

 La LOMCE, una ley sin justificación. Una ley partidista, se trata de educar exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP. Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Lo que explica que, entre otras cosas, se eliminen asignaturas y se sustituya por un adoctrinamiento en el que “se eliminan del currículum todos los temas conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio Wert, o sea, se impide una educación reflexiva y crítica. 

Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo y a reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal. Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad encubierta promover mayores cotas de privatización del sistema educativo. 

Es también una ley que trata de justificar los recortes económicos con los que el PP viene castigando al sistema educativo, en La Rioja se ha recortado la partida en educación de los presupuestos en un 40% desde el inicio de la crisis en 2008. 

La UR ha sufrido en los últimos cuatro ejercicios un recorte del 16,1%, lo que representan la cantidad de 3.861.982 euros. 

 Pero mientras tanto vemos que año tras año el presupuesto para la concertada se incrementa más y más. Los conciertos educativos reciben 2.006.426€ más que en 2013. Es decir, un aumento del 4,6%. Y aunque las subvenciones educativas bajan, la cantidad que reciben los centros concertados permite mantener la subvención a los alumnos del bachillerato concertado y privado de 600€. 

Sufrimos recortes en la partida destinada a becas, a la par que endurece los requisitos que debe cumplir cada estudiante para acceder a una beca; recortes en las plantillas de profesorado, en los recursos destinados a los centros; incremento de las ratio profesorado - alumnado, ... 

La LOMCE es una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas y culpar al sistema educativo de males que son consecuencia de un mundo empresarial ineficiente y de unos mercados financieros corruptos. 

Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social y etnia. Segregadora también por estimular a los centros a especializarse curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...); por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora, convirtiéndola en asistencial. Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses, capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos. 

Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos “talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes. Una ley sexista, al permitir que la Consejería de Educación pueda realizar conciertos con un colegio como el Alcaste que separa a los alumnos y alumnas en distintas aulas, ignorando sentencias del Tribunal Constitucional. Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica que subraya también el ideario absolutamente centralista del Partido Popular. 

Una ley que desconfía de nuestros profesores y profesoras, de ahí la obsesión por las evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer los contenidos y competencias obligatorias, se dictan indicadores de rendimientos y se evalúan externamente, al tiempo que es la Administración quien controla y decide la elección de las direcciones de los centros. 

Por último, la Asamblea de Estudiante apostamos por un proceso constituyente desde abajo hasta arriba, donde los ciudadanos tengamos protagonismo y no solo decidamos que modelo de estado queremos, sino además donde tengamos participación en el modelo educativo que queremos. Queremos iniciar un proceso constituyente en Educación.